MARCO LEGAL Y CUMPLIMIENTO

« La claridad normativa, el respeto por la ley y la responsabilidad institucional son la base de una organización confiable y sostenible »

ALCANCE DE ACTUACIÓN

El alcance de actuación está claramente delimitado y se circunscribe a la educación continua, la formación profesional, los servicios de bienestar y salud mental, la consultoría institucional, y los procesos internos de acreditación y reconocimiento desarrollados dentro del marco propio de la organización. Estas actividades tienen como finalidad el fortalecimiento de competencias, la actualización permanente, la mejora de prácticas profesionales y el acompañamiento del desarrollo humano y comunitario.

La intervención institucional se orienta a contextos no universitarios, actuando como complemento a la formación formal y como apoyo al ejercicio profesional responsable. En ningún caso se sustituyen funciones propias de sistemas educativos formales, autoridades gubernamentales, organismos reguladores o entidades responsables de la habilitación legal para el ejercicio profesional.

Este alcance definido permite ofrecer servicios coherentes, éticos y pertinentes, evitando ambigüedades y garantizando que cada acción se desarrolle dentro de límites claros, comunicados de manera transparente y revisados de forma continua para asegurar el cumplimiento normativo y la responsabilidad institucional.

CONSTITUCIÓN LEGAL Y JURISDICCIÓN

La institución se encuentra legalmente constituida en la Secretaria del Estado de Texas conforme a la normativa vigente en su registro oficial no. 0806361374, que le otorga personalidad jurídica propia y capacidad para desarrollar actividades académicas, formativas, profesionales y administrativas dentro de un marco normativo definido. Esta constitución legal establece las bases formales de funcionamiento, determina las responsabilidades institucionales y regula los mecanismos internos de cumplimiento, supervisión y rendición de cuentas.

Desde esta jurisdicción se coordinan, gestionan y supervisan los servicios que se ofrecen, tanto a nivel nacional como internacional, respetando siempre las leyes, regulaciones y principios aplicables según la naturaleza de cada actividad. La actuación institucional se apoya en políticas internas, estatutos, reglamentos y estructuras de gobernanza que aseguran la transparencia, el orden organizacional y la protección de las personas usuarias, profesionales e instituciones aliadas.

Este marco jurídico permite operar con claridad y responsabilidad, garantizando que las decisiones estratégicas, académicas y operativas se adopten dentro de límites legales definidos, fortaleciendo la confianza pública y la sostenibilidad institucional a largo plazo.

DIFERENCIA ENTRE EDUCACIÓN CONTINUA Y GRADOS UNIVERSITARIOS

La educación continua comprende procesos formativos diseñados para la actualización, especialización práctica y desarrollo profesional, orientados al aprendizaje a lo largo de la vida y a la mejora de competencias aplicables a contextos reales. Este tipo de formación se diferencia de manera sustancial de los grados universitarios, tanto por su finalidad como por su alcance y reconocimiento.

Los programas de educación continua no conducen a títulos universitarios, no otorgan grados académicos oficiales y no generan créditos universitarios reconocidos por sistemas de educación superior. Su propósito no es sustituir estudios universitarios formales, sino complementarlos, ofreciendo oportunidades de aprendizaje flexible, actualizado y contextualizado para profesionales, instituciones y comunidades.

Los grados universitarios, por su parte, forman parte de sistemas formales de educación superior, están sujetos a regulaciones estatales o nacionales específicas y conducen a títulos académicos reconocidos oficialmente. La claridad en esta distinción protege a las personas usuarias, evita interpretaciones erróneas y refuerza la transparencia institucional en la oferta formativa.

DIFERENCIA ENTRE ACREDITACIÓN PROFESIONAL Y LICENCIAMIENTO

La acreditación profesional se refiere a procesos de evaluación y reconocimiento basados en estándares internos de calidad, ética, coherencia formativa y buenas prácticas, aplicables dentro de un marco institucional específico. Su finalidad es validar que una institución, programa o profesional cumple criterios definidos para la educación continua y la formación profesional responsable.

El licenciamiento profesional, en contraste, es un proceso exclusivamente regulado por autoridades gubernamentales o estatales competentes, y constituye un requisito legal obligatorio para el ejercicio de determinadas profesiones reguladas. Dichas licencias son otorgadas por organismos oficiales y están sujetas a leyes, reglamentos y sistemas de supervisión externa.

La acreditación institucional o profesional no equivale, no sustituye ni reemplaza licencias profesionales, autorizaciones gubernamentales o acreditaciones universitarias oficiales. Mantener esta distinción de forma clara y explícita es un principio fundamental de transparencia, cumplimiento normativo y protección del interés público.

CLARIDAD NORMATIVA Y CONFIANZA PÚBLICA

La claridad normativa constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento de la confianza pública y la consolidación de una gestión institucional responsable. El compromiso con un marco legal claramente definido y con prácticas de cumplimiento coherentes garantiza la integridad institucional y la protección de todas las personas involucradas. Cada uno de los programas, servicios y procesos se diseña y ejecuta dentro de límites precisos, comunicados con transparencia y sometidos a procesos de revisión periódica que aseguran su coherencia con las disposiciones legales y éticas vigentes.

Esta claridad normativa no solo previene interpretaciones erróneas, sino que también promueve un ejercicio profesional más seguro, predecible y responsable. Al establecer con precisión el alcance de la educación continua, el bienestar y la acreditación, se refuerza la confianza pública y se protege el interés colectivo, garantizando que todas las acciones se desarrollen con respeto por la ley, la ética y los principios que sustentan una práctica institucional sólida y socialmente responsable.

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